jueves, 30 de mayo de 2013

Hacia una sanidad pública sin listas de espera... para quien pueda pagar

Hace unos días fue noticia que un neurocirujano cobró por operar en el Hospital Mutua de Terrassa a un paciente que tenía derecho a ser atendido con cargo a la sanidad pública. Boí Ruiz, consejero de Salud de la Generalitat, exculpó al médico y dijo que es una casualidad que trabaje para el mismo hospital que debía atender al paciente. Ninguna sorpresa: este Boí Ruiz es el mismo que cuando estrenó el cargo aconsejó a los catalanes que nos hiciéramos de una mutua privada.

Algún hospital de la red concertada hace mucho tiempo que ofrece atención privada a quien quiera saltarse la lista de espera y pueda pagársela. Un ilustre cazador de elefantes ha hecho uso de estos servicios. Hace unos días también fue noticia el hospital de Sant Pau porque había creado una vía de pago que permite saltarse la lista de espera. Esta práctica se está extendiendo por toda Cataluña y cada vez son más los hospitales que ofrecen atención privada a los pacientes que tienen derecho a ser atendidos con cargo a la sanidad pública.

Tanto es así que el Consorci de Salut i Social de Catalunya ha sentido la necesidad de elaborar un documento de “Recomendaciones sobre la realización de actividad asistencial no contratada por el sistema sanitario público en centros concertados", en el que se defiende la legalidad de esta práctica, ya que nada en la legislación vigente la prohíbe expresamente; todo lo contrario, el artículo 16 de la Ley general de sanidad prevé que “las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos”, lo cual, según el documento del CSC, presupone un reconocimiento implícito de la posibilidad de hacer asistencia privada en la sanidad pública. Sí se insiste en la necesidad de que “las listas de espera, las agendas y los circuitos han de ser diferenciados de la prestación pública”.

Creo que hay dos normas que no han tenido en cuenta:

1- Ley general de sanidad:
“Artículo dieciséis. Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80, podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios:
 2. El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión del hospital, por medio de una lista de espera única, por lo que no existirá un sistema de acceso y hospitalización diferenciado según la condición del paciente.”

2- Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
“Artículo doce.1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, o en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.”

En el mismo sentido se manifiesta la Ley de incompatibilidades de Cataluña: “No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic.” El sentido común hecho ley.

Además de las dudas jurídicas, puede que desde el punto de vista económico tampoco sea muy buena idea. Dicen los economistas que uno de los principios básicos de la economía es que los agentes económicos responden a los incentivos; si los incentivos modifican el comportamiento en la dirección equivocada, el resultado puede ser un desastre. La posibilidad de conseguir un sobresueldo haciendo actividad privada depende de que el trabajo del sector público se acumule, con lo que se crea un incentivo a ralentizar la actividad matutina y un estímulo a inventarse trabajo.  Un ejemplo lo tenemos en las peonadas: creadas como método para reducir las listas de espera quirúrgicas, lo que consiguen es aumentar el número de pacientes sometido a intervenciones innecesarias y disminuir la productividad durante la jornada laboral ordinaria (Bernal et al., 2011).

No deja de ser curioso que lo que en cualquier otro ámbito de la administración sería considerado una barbaridad en la sanidad pública lo quieran hacer pasar como una mejora que disminuirá las listas de espera e incrementará los ingresos. ¿Alguien se imagina a un funcionario de la Seguridad Social diciéndole a un futuro jubilado que el tiempo medio de resolución de su solicitud es de 6 meses, durante los cuales por supuesto no cobrará nada, pero que pagando se lo pueden solucionar esa misma tarde, en la misma oficina y con el mismo ordenador?

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