lunes, 2 de septiembre de 2013

¿Nos hemos de bajar el sueldo un 10%? ¿más?

Para animar un poco el verano el Fondo Monetario Internacional nos ha recomendado un acuerdo entre sindicatos y empresarios, por el que los empresarios se comprometerían a aumentos importantes de empleo a cambio de que los sindicatos aceptasen rebajas salariales; la creación de empleo y la reducción de la inflación serían fundamentales para que el poder adquisitivo de los hogares no se viera seriamente afectado. Los sabios dicen que esto es una devaluación interna. Olli Rehn para no defraudar a sus seguidores rápidamente secundó la propuesta; para animar a sus detractores añadió que los que la rechacen cargarán sobre sus hombros la enorme responsabilidad del coste social y humano.  Como viene siendo habitual, opinaron contundentemente muchos más de los que habían leído detenidamente (o simplemente leído), se difundió que el FMI pedía bajar los salarios un 10%  y se desató la caja de los truenos. Hasta la patronal se opuso; supongo que por la parte que le toca porque lo de bajar salarios ya llevan un tiempo haciéndolo.

La propuesta no es nueva. En 2009, Paul Krugman, premio Nobel, propuso una rebaja de salarios del 20%. Dijo: “odio esto: no me gusta la deflación, pero la realidad es que va a suceder. La pregunta es si va a pasar durante diez años de sufrimiento o relativamente rápido". Debe de hacer falta mucho valor para meterse con un Nobel porque no recuerdo que generara una reacción tan unánime y furibunda como la que han conseguido el FMI y Olli Rehn. Fue convenientemente ignorado. Desde que Krugman hizo su propuesta se ha producido un ajuste salarial considerable sobre el que los expertos no se ponen de acuerdo. Carlos Martín dice que la moderación salarial empezó en 2009. Cándido Méndez (no es un experto) dice que los salarios desde 2010 han caído en términos reales un 7,6%. Yo doy fe de que a los funcionarios en 2010 nos rebajaron un 5%, nos quitaron una paga en 2012 (veremos en 2013), productividad y permisos. En Cataluña no cobraremos una paga en 2013 y el Gobierno de la Generalitat ejerció sin consulta ni nada el “dret a decidir” y rebajó en un 15% el sueldo y la jornada del personal interino. Ya veis cuál es la fuente de inspiración del presidente de la CEOE. Parece, pues, que la propuesta de Krugman se ha cumplido un poco en la parte de los salarios; la segunda parte de la devaluación interna, la que afecta a los empresarios, no ha llegado o llega muy lentamente y los precios se resisten a bajar. Miguel Ángel García en su blog analiza los últimos datos del INE que reflejan “nuevamente el poco esfuerzo colaborador del excedente bruto empresarial y rentas mixtas (profesionales y trabajadores autónomos) en la imprescindible tarea de control de precios (+2%) que ensombrece el gran esfuerzo que vuelven a realizar los asalariados (-1,7%)”.

Yo, que me pasa como a Cándido Méndez que no soy un experto, tengo la impresión de que el problema no es que alguien decida hacer caso al FMI o a Olli Rehn. El problema es que, con 6 millones de parados, más de 3 millones de los cuales no han pasado de la formación obligatoria, casi 5 millones de parados que no cursan ningún estudio y más de 2 millones que buscan empleo hace más de 2 años, se dan las condiciones idóneas para que los salarios sigan bajando. Vamos, que la devaluación interna por la vía salarial está garantizada.

Aún recuerdo cuando decíamos que esta crisis no la hemos causado los trabajadores y que por lo tanto no la pagaremos los trabajadores; los resultados a la vista están. Si volvemos a darnos puñetazos en el pecho y a decir que no lo vamos a consentir, pasará lo que ya pasó. Tendríamos más posibilidades de éxito si exigiéramos con más energía la parte de la devaluación que afecta a los empresarios, sobre todo a aquellos que han basado su negocio en tener buenos amigos, muchas veces con conexión directa con el BOE (o el DOGC), y no en tener buenas ideas. Es la única forma de que la disminución de los salarios se traslade rápidamente a los precios y de evitar que el poder adquisitivo de las familias se vea más deteriorado. Para ello es imprescindible que sectores importantes de nuestra economía dejen de ser un cortijo controlado por unos pocos, lo cual les permite obtener unos beneficios extraordinarios y mantener los precios de determinados productos y servicios artificialmente elevados.

Algunos ejemplos

Germà Bel explicaba hace unos días en “La Vanguardia” que en Nueva York se puede pasar la ITV en cualquier taller acreditado por 16 euros; en Cataluña la ITV funciona por concesión y cuesta 40 euros, en los cuales es posible que haya algunos costes ocultos.

Recientemente la Comisión Nacional de la Competencia (cuyo proceso de desmantelamiento ha sido iniciado por el Gobierno) ha abierto expediente en el sector de la distribución de combustible por la existencia de indicios racionales de conductas prohibidas por la Ley de defensa de la competencia; igual estas conductas prohibidas tienen relación con que España sea el segundo país con la gasolina más cara de la UE.

El Gobierno ha anunciado una reforma de algunas profesiones reguladas y pretende eliminar el requisito de la colegiación. Veremos si un gobierno que no se atrevió con los taxistas es capaz de acabar con la obligatoriedad de asociarse a esas instituciones medievales que son los colegios profesionales. De momento, mantendrá la obligatoriedad de colegiación para los médicos y algunas otras profesiones. Por si acaso el Gobierno se atreve a ir demasiado lejos, Artur Mas, tan liberal él, ya ha anunciado que aplicará la ley catalana. El PSOE, por su parte, dice que la liberalización de los colegios profesionales causará indefensión a los consumidores. Los colegios, por supuesto, se oponen porque sobrevendrá el apocalipsis.

España es posible que sea uno de los países con más ex-políticos colocados en consejos de administración de empresas relacionadas con la energía; quizá sea casualidad que España también sea uno de los países europeos en que la electricidad es más cara, lo cual no es impedimento para que el déficit de tarifa continúe aumentando.

Por último, dos a los que les tengo un “cariño” especial. Todo parece indicar que ninguna reforma será capaz de acabar con los privilegios de que gozan los procuradores y los farmacéuticos. Los procuradores son esos profesionales imprescindibles a los que nadie echa de menos en los procesos en los que no se está obligado a asistir representado por ellos; son un coste añadido e inútil en el acceso a la justicia. Los farmacéuticos gozan del privilegio de ser los únicos mortales que pueden abrir una farmacia; es como si solo los pilotos pudieran ser titulares de compañías aéreas y luego confiaran los mandos del avión al personal de cabina mientras ellos hacen la siesta.



Estos y muchos otros sectores de la economía española están controlados por grupos de interés que dificultan el acceso al mercado de posibles competidores. Constituyen el peculiar modelo económico español que es un capitalismo de amiguetes en el que en demasiadas ocasiones el acceso al mercado está reservado para los que están en la lista de invitados, lo cual está permitiendo que las rentas derivadas de la moderación salarial estén incrementando los beneficios en lugar de convertirse en reducciones de precios que mejorarían la competitividad de la economía española. Como la moderación (o reducción) salarial es inevitable, creo que la única forma de garantizar el poder adquisitivo de los salarios es concentrar gran parte de nuestras energías en la exigencia del fin de los privilegios y el amiguismo en el acceso a determinadas actividades económicas y el fomento de la competencia en un mercado regulado. Solo acabando con los privilegios, el amiguismo y los oligopolios conseguiremos que los esfuerzos salariales de los trabajadores se traduzcan en mejora de la competitividad y disminución de la inflación, amortiguando de esta manera la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Para esto a lo mejor hasta tendríamos el apoyo del FMI, de la OCDE e, incluso, de Olli Rehn. Por supuesto, los privilegiados que han prosperado al abrigo del poder se opondrían.

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