jueves, 28 de agosto de 2014

¿Hay derecho?

¿Hay derecho?” es un blog sobre la actualidad jurídica y política en el que se tratan todos aquellos asuntos que tienen que ver con nuestro estado de derecho y nuestras instituciones. Siguiendo una moda reciente, los editores del blog se autodenominaron Sansón Carrasco y lanzaron al mercado el libro “¿Hay derecho?”, cuyo subtítulo resume perfectamente su contenido: “La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España”.

Como soy asiduo lector del blog y ocasional comentarista (aquí, aquí y aquí, por ejemplo), casi siempre crítico, decidí comprar la obra del Caballero de la Blanca Luna. Amenacé a Fernando Gomá, uno de los editores del blog, con leerlo y me respondió que quería conocer mi opinión. Pocos días después, como en el libro se habla de Catalunya, las banderas y esas cosas que tanto nos ocupan y tan poco nos aportan, le envié un comentario fotográfico. La frase que me inspiró fue: “Los símbolos que no sean gratos al nacionalismo prácticamente han desaparecido. Banderas hay muchas, pero nunca la nacional”.


Y me contestó que le interesaba mi opinión.


¡Qué harto ha de estar de comentarios elogiosos para insistir!, pensé.

“¿Hay derecho?” aborda casi todos los aspectos de la crisis institucional en que nos encontramos: la calidad de las leyes, la justicia, la administración, los políticos, el modelo territorial… habla de todo aquello que contribuye a la desafección de los ciudadanos hacia la política y las instituciones. En este repaso a todo lo que funciona mal en nuestra democracia, Sansón Carrasco no se casa con nadie. Recomiendo su lectura: tiene algunos capítulos excelentes, como los dedicados a la cantidad y la calidad de las leyes. El libro incluye un capítulo dedicado a los sindicatos, que es sobre el que voy a opinar.

El capítulo no empieza bien. Comienza con una referencia a la afición a los relojes de lujo y a los cruceros a destinos exóticos que tienen algunos lideres sindicales. Dos patrañas difundidas desde la prensa más reaccionaria que me ha sorprendido que hayan sido utilizadas en un libro serio que trata de los serios problemas a los que nos enfrentamos como sociedad.

Entrando en asuntos de más enjundia, Sansón se ocupa de la financiación de los sindicatos. Sostiene que los poderes públicos financiaron desprendidamente a los sindicatos con el objetivo de mermar su independencia, lo cual, como es bien sabido, consigue domesticar al luchador más fiero. Conseguida la financiación pública, no es necesario tener unas bases afiliadas que aporten cuotas para mantener la actividad sindical, por lo que se crea una burocracia sindical que es una estructura oligárquica independizada de sus bases y cuyo principal objetivo es captar rentas públicas. Por supuesto, la cúpula controla los resortes del poder con su reparto de puestos y dádivas. En definitiva, se instaura un sistema de selección que expulsa el talento y promueve la mediocridad y se crea una brecha entre dirigentes y trabajadores. Un relato atractivo y creíble, sobre todo en los tiempos que corren, pero que no se apoya en ningún dato que lo sustente.

CCOO ha publicado por primera vez sus cuentas y están accesibles para todo aquel que quiera consultarlas aquí. Aquí los datos económicos de CCOO de Catalunya. Las cuotas de los afiliados representan el 48% de los ingresos; los programas subvencionados, el 36%; y, los ingresos por representación institucional, el 14%. Casi la mitad de los ingresos proviene de las cuotas; el 61% en el caso de CCOO de Catalunya. El porcentaje es superior si tenemos en cuenta que la mayor parte de estas subvenciones son finalistas y, por lo tanto, no se dedican a financiar la actividad sindical, sino las acciones concretas para las que han sido otorgadas. Por lo tanto, decir que no es necesario tener unas bases afiliadas es una afirmación gratuita. El resto de conclusiones que se derivaban de una afirmación tan drástica deberían, al menos, moderarse.

En el libro también se hace referencia a la baja afiliación de los sindicatos. Aquí sí se da algún dato, pero no se mencionan algunos de los condicionantes que determinan las cifras de afiliación. Se dice que esta baja afiliación está disminuyendo, lo cual hace que la dependencia de la financiación pública sea mayor. La recepción de los recursos públicos explica la tranquilidad de los sindicatos ante la desafección.

Aquí se pueden encontrar datos sobre la afiliación sindical en España y su evolución entre 1977 y 2010. A 31 de diciembre de 2012, CCOO tenía 1.050.269 afiliados. Y aquí datos más detallados de afiliación de CCOO de Catalunya hasta diciembre de 2013. Si los extrapolamos a toda España, podemos concluir que, desde un máximo en 2009, el número de afiliados ha descendido aproximadamente un 18%. Es evidente que el número de afiliados ha disminuido de manera apreciable. También han disminuido los fondos públicos que se reciben. Esta disminución de ingresos de todo tipo es la que justifica los diversos ERE que se han hecho en algunas de las organizaciones del sindicato y la creciente preocupación por la caída sostenida de la afiliación, que puede llegar a comprometer la actividad del sindicato. Tranquilidad no hay ninguna. Otra cosa es que la preocupación esté bien encauzada.

No podía faltar una referencia a los fondos de formación. Los autores dicen que los cursos ofrecidos han tenido más en cuenta el interés de los prestadores y de sus intermediarios que el de los trabajadores y que se ha producido un reparto de fondos sin control alguno. Como en todo el capítulo, ni un dato que avale tan contundentes afirmaciones.

Vaya por delante que me producen la misma repugnancia los fraudes con los fondos de formación o con los ERE que Bárcenas, Pujol, Matas y todos los demás. Además, hace mucho tiempo que pienso que los sindicatos no deberíamos tener nada que ver con la gestión de la formación y que se debería hacer un rediseño completo de los planes de formación de trabajadores. En el último acuerdo firmado entre Gobierno, patronales y sindicatos se hace un balance tan demoledor que no creo que sean necesarios más argumentos:
"3. Formación para el empleo
Del balance de más de 20 años de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo, se desprenden, como principales valores, la extensión de la cultura de la formación en el ámbito laboral y el aumento en el acceso a la oferta formativa. 
A pesar de este trabajo, las conclusiones de la Mesa de Diálogo Social acerca del desarrollo del IV Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 2006 muestran diversas debilidades que es preciso abordar, tales como: la deficiente coordinación del conjunto del sistema; la falta de una planificación estratégica de la formación profesional para el empleo; su escasa vinculación con la realidad del tejido productivo, especialmente la formación de demanda dirigida a PYMES; la no disponibilidad de un sistema de información integrado; la falta de la evaluación de su impacto; y una definición poco eficiente del papel de los agentes implicados en el sistema".
No es cierto que se haya producido un reparto de fondos sin control alguno. Los fondos de formación están sometidos a múltiples controles; cualquiera que haya participado en alguno de estos cursos como docente, alumno u organizador conoce la cantidad de controles que se realizan. Que estos controles sean manifiestamente mejorables o que se hayan producido fraudes, alguno denunciado con escaso éxito por CCOO, no justifica realizar acusaciones generalizadas que contribuyan a deslegitimar a todos los que han intervenido en la prestación de formación. También hay que reconocer que algunas reacciones ante casos de fraude no han sido todo lo contundentes que merecía la gravedad de los hechos.

Del desbarajuste que describen en relación a los sindicatos, su actividad y los fondos públicos que reciben concluyen que los sindicatos deben autofinanciarse para liberarse para lo cual proponen una serie de medidas: eliminación de la figura del liberado, dando la posibilidad de que sea a cargo de los trabajadores; financiación exclusiva con cuotas; transparencia y control de las cuentas; suprimir recargos en nómina de formación y que esta se preste en régimen de libre competencia; eliminar puestos en consejos de administración de organismos públicos; y, regular el derecho de huelga, incluidos los servicios mínimos, y los piquetes informativos.

La mayor parte de las medidas propuestas van encaminadas a suprimir la financiación pública de los sindicatos; se propone suprimir esta financiación, pero no se dice nada del modelo de relaciones sindicales y de negociación colectiva que la justifica.

De acuerdo con la Encuesta Anual de Coste Laboral, el 88,7% de los trabajadores tienen reguladas sus condiciones laborales mediante convenio colectivo. Este elevado índice de cobertura es debido a que en nuestra legislación los convenios colectivos tienen eficacia general. Esto es un claro incentivo para no afiliarse a los sindicatos, explica las bajas tasas de afiliación y justifica, en parte, las subvenciones que se reciben. Hay que tener en cuenta que en España la representatividad para participar en la negociación colectiva viene dada por los resultados en las elecciones sindicales. Algunos datos: en el periodo 2008-12 fueron convocados a elecciones sindicales 7.222.155 trabajadores; votaron 4.639.890 trabajadores (64,25%); el 64% de los votos fueron para candidaturas de CCOO y UGT; CCOO tiene 113.976 delegados, de los cuales el 36% lo son en empresas de menos de 50 trabajadores.

En este gráfico del FMI se compara la cobertura de la negociación colectiva y la afiliación de España con la de países de nuestro entorno; también se aprecia que nuestra tasa de afiliación difiere muy poco de la de Alemania.



La financiación de los sindicatos es un debate que está abierto y todas las opciones son dignas de ser tenidas en cuenta. CCOO ha pedido en diversas ocasiones una ley de financiación pública de los sindicatos. Otra opción es la autofinanciación total. En cualquier caso hay que tener en cuenta todas las implicaciones que tiene un modelo u otro sobre las instituciones laborales. Lo que no parece muy coherente ni contribuye en nada al debate es proponer que los sindicatos vivan de las cuotas de sus afiliados y no explicar qué pasa, por ejemplo, con la negociación colectiva.

¿Con todo esto quiero decir que no haya motivos para la crítica? No; todo lo contrario. Ya en el X Congreso de CCOO, Ignacio Fernández Toxo hizo una severa autocrítica en relación a algunos de los asuntos que se tratan en el libro (estructura, formación, participación en consejos de administración…). Una cita: “No todo va a ser poner deberes a los demás (…) hay una campaña brutal contra el sindicalismo en nuestro país (…) pero también tenemos que saber que no todo lo que nos pasa depende de agentes externos, que hay cosas que nos pasan porque las hacemos mal, porque nos presentamos mal… Mirad, no es cómo nos vemos nosotros, es cómo nos ve la gente, cómo nos percibe la gente y tenemos que conseguir que nos perciba como lo que queremos ser, como nos queremos ver nosotros, como un instrumento útil, y ahora más, (para) la gente que más nos necesita que es la que está más alejada de las organizaciones sindicales.”

Visto el barómetro del CIS de abril de 2014, parece que, a pesar de la autocrítica y los buenos propósitos, no hemos conseguido generar mucha confianza en los ciudadanos: en confianza ciudadana, los sindicatos solo estamos por delante de los partidos políticos y el Gobierno. En una situación de crisis, con cifras de paro desmesuradas y aumento de la precariedad laboral, cuando los sindicatos son más necesarios que nunca, no conseguimos generar confianza en los ciudadanos. Señal inequívoca de que es imprescindible una renovación profunda. Quizás nos sucede lo mismo que Ignatieff achacaba al partido liberal canadiense: “Nuestro partido se convirtió en una cámara de resonancia: todo lo que escuchábamos era el sonido de nuestra propia voz”. Es necesario escuchar otras voces y es imprescindible la crítica; si es contundente, mucho mejor. Sin embargo, el exceso y la descalificación generalizada plantean dudas sobre las intenciones y, en cualquier caso, no contribuyen al fin que se debería perseguir, que es la mejora de nuestras instituciones y organizaciones para que sus intereses se alineen con los de las personas a las que representan.

El libro acierta al poner en cuestión algunos asuntos que deben ser debatidos, pero creo que unos pocos datos y el uso de información menos sesgada hubieran ayudado a realizar una crítica más fundada y evitado algunas exageraciones y afirmaciones totalmente desmesuradas, que desautorizan lo que podría haber sido una crítica constructiva. El resultado es una crítica que no contribuye nada a facilitar los cambios necesarios.




2 comentarios:

  1. El problema es que si el Banco no va a firmar a la notaría, el notario carece de medios para obligarle a firmar.

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  2. No, el problema es que tu tienes unos derechos que el notario no te esplica, y si llegas a conocerlos tienes que gastarte los cuartos contra una brigada de procuradores y abogados de los bancos. O sea, disfruta.

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